Enero 23, 2014.
LA EJECUCION DE TAMAYO EN HUNTSVILLE TEXAS.
El día de ayer, después de 20 años de haber sido encontrado culpable del homicidio de un policía en Houston Tejas., fue ejecutado el mexicano Edgar Tamayo -- originario de Miacatlán, Morelos, -- en la cámara de la muerte de Huntsville, pueblo que se encuentra localizado a 110 Km. de Houston. De nada sirvieron los esfuerzos de sus abogados, ni de organizaciones civiles ni del Gobierno de México para evitar o al menos diferir el ajusticiamiento.
Mas allá de la culpabilidad o inocencia de Tamayo, tan llevada y traída por el amarillismo periodístico de Televisa entre otros medios, y de los méritos o la falta de ellos en la aplicación de la pena capital para desalentar la criminalidad, el punto que debe interesarnos es que durante su juicio el morelense no recibió asistencia del consulado mexicano. Los Estados Unidos fueron omisos en su obligación de alertar al consulado mexicano sobre la aprensión de Tamayo quien tampoco recibió asesoría consular durante su juicio.
Dicha obligación proviene del fallo definitivo e inapelable en el caso Avena dictado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya en 2004 que puso fin a un litigio entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. La Corte resolvió a favor de México la controversia entre las dos naciones sobre la aplicación de la Convención de Ginebra -- de la que ambos son parte -- que, en resumen, determinó que los Estados Unidos estaban y están obligados a facilitar la protección consular de mexicanos arrestados que pudieran ser condenados a penas severas, incluso la pena de muerte. La ausencia de dicha protección representa una violación a las garantías del debido proceso legal. El juicio a Tamayo debería haber sido anulado y el reo juzgado nuevamente, asesorado ésta vez por su consulado. Tamayo no es el primer ejecutado bajo esta falta de salvaguarda a sus garantías y aparentemente no será el último.
El gobierno Estadounidense acató el fallo pero no cuenta con la capacidad legal de obligar a los gobiernos de los estados, Tejas incluido, a acatar el fallo de la Corte Internacional ni a obligar al Gran Estado de Tejas a un nuevo juicio.
Ahora bien, el “Gran Estado de Tejas” presenta las siguientes estadísticas:
Numero de ejecuciones desde 1976: 509
Población actual en el pabellón de la muerte: 298; mexicanos 51
Número de “clemencias” otorgadas: 2
Proceso de clemencia: El Gobernador del Estado debe recibir de la Junta Estatal de Perdones una recomendación para otorgar clemencia.
Estas cifras muestran que existe una gran probabilidad que el Gran Estado de Tejas ejecute a todos y cada uno de los mexicanos a pesar de que la inmensa mayoría no haya recibido protección consular al ser arrestados en violación a su debido proceso.
México no puede quedarse en una posición de solo lamentarse y condenar la ausencia de debido proceso y las ejecuciones. ¿Qué puede hacerse?
Mi opinión es que México responda con medidas punitivas, con sanciones que duelan en la “bolsa” de Tejas y los tejanos como pudieran ser incremento en tarifas de importación a productos fabricados en el estado de la estrella solitaria sin temor a represalias. Excluir a las petroleras tejanas, que ya se relamen los labios, de participar en licitaciones dentro del sector energético recientemente abierto a la inversión privada/extranjera. Hay interés de muchas empresas de otras regiones para invertir en esta actividad.
¿Tendrá el gobierno de México la inteligencia y los pantalones para ser creativos y buscar formas de presión económica a Texas?
Sin decir que sean inocentes, 51 mexicanos merecen proceso debido.
Según Bernardo Sepulveda Amor, actual juez de la Corte Internacional de La Haya, son 50 los mexicanos condenados a muerte y diez que al contar ya con fecha de ejecución se encuentran en el pabellón de la muerte. Según él, ninguno de estos co-nacionales recibieron asesoría consular al ser arrestados.
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